Van ocho meses del gobierno de Milei y hasta ahora no fue nadie preso. Al menos los de la casta política que, según anunció a los cuatro vientos, venía a combatir.
Si bien es natural que de un liberal no se puede esperar una revolución, al menos podrían esperarse sanciones correctivas para aquellos como los kirchneristas, que se cansaron de robar durante “la década ganada”.
En realidad, son casi dos décadas, con el interregno de Macri, desde el negociado de Skanska de Néstor Kirchner hasta el de los Seguros de Alberto Fernández pasaron veinte años. Y el poncho no aparece.
¿Qué indica esto? Que en Argentina se rompió la relación entre la culpa y la pena. No existe sanción alguna salvo con los perejiles, como aquellos perejiles de “la juventud maravillosa” que fueron en cana por los delitos cometidos por los montoneros y la izquierda revolucionaria.
Esto nos muestra que existe una gran falencia en la justicia, la cual, aquí como en todo el mundo, castiga al que no tiene poder, ya sea el pobre o el hombre del pueblo.
La justicia funciona sobre el orden del statu quo vigente. El juez no es otra cosa que un empleado público que quiere mantener su cargo sin levantar olas hasta su jugosa jubilación.
En general, tiende más a corromperse que a ser justo y la única forma que tenemos para modificar esta situación es que el juez obre por virtud y no por deber, pues este último está limitado al código de procedimientos. Pues como afirma Goethe, “el juez que no sabe castigar acaba por asociarse con el delincuente” (Fausto, 2.ª parte, acto primero).
También es cierto que la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer y, en este caso, es el ejecutivo que no exige sanciones rápidas y acordes al delito cometido.
Milei se conforma con no tener déficit fiscal, y el resto de los problemas de nuestra sociedad le son indiferentes. En el fondo la misma fuerza de la cosas del orden o desorden constituido se lo va a devorar.
Pues si no hay justicia en el orden político que se dice combatir, éste se vuelve contra aquellos que dicen combatirlo.
Podrán aducirse cientos de razones, pero si un gobierno delega la sanción a esa fuerza de las cosas de que hablamos, éstas se lo degluten.
Pero el problema sigue ahí porque los funcionarios, en este caso los jueces, tienen que asumir un compromiso existencial con los destinos de la nación y no lo tienen. Este problema ha sido tratado por Hegel en su Principios de la filosofía del derecho, donde no se cansa de repetir que son los funcionarios el corazón del Estado y que ellos son los verdaderos agentes del cambio.
Vaya uno a hacerles entender esto a los nuestros jueces, que se quedaron anclados en Kant con sus deberes y obligaciones.
Buela.alberto@gmail.com
