Escribo estas líneas desde Montevideo, a orillas del Río de la Plata. Uruguay ofrece al observador europeo un curioso laboratorio político. Desde hace años el país está gobernado por la izquierda, y ello no se debe únicamente a razones económicas o electorales. En realidad, el predominio progresista responde a un fenómeno más profundo: la derecha uruguaya, como tantas otras en el mundo hispánico, ha renunciado durante décadas a librar la batalla cultural. Ha aceptado discutir la administración del Estado, pero no el marco intelectual que define las reglas del debate. Y cuando se acepta el lenguaje del adversario, tarde o temprano se termina aceptando también su visión del mundo.
La vida política de Occidente está estructurada desde hace siglos por una oposición fundamental entre dos concepciones del hombre y de la sociedad. De un lado se encuentra la visión heredada de la Ilustración, según la cual el hombre nace libre pero es oprimido por estructuras sociales que habría que desmontar para restituirle su autenticidad. Del otro lado se encuentra una concepción más orgánica de la comunidad política, para la cual el hombre es ante todo heredero de una civilización histórica formada por tradiciones, instituciones y normas que constituyen a la vez el marco de su libertad y el campo de sus deberes.
Esta tensión recorre toda la historia moderna europea. Bajo formas diversas, organiza la confrontación entre lo que llamamos convencionalmente izquierda y derecha. Sin embargo, el conflicto contemporáneo no se explica solamente por la persistencia de esta oposición. Lo que caracteriza a nuestra época es el profundo desequilibrio cultural que se ha instalado entre ambos campos.
Durante varias décadas, las corrientes progresistas han logrado conquistar posiciones decisivas en los espacios donde se forman las representaciones colectivas: la escuela, la universidad, el mundo editorial, los medios de comunicación y las industrias culturales. Este fenómeno, que suele describirse como hegemonía cultural, corresponde a una transformación profunda de las estructuras simbólicas que organizan la percepción del mundo social.
Frente a esta hegemonía cultural progresista, una parte de la derecha ha comenzado recientemente a modificar su actitud. Allí donde durante decenios se limitaba a disputar elecciones o a administrar el poder cuando lo obtenía, algunos sectores han decidido finalmente entrar en el terreno de la batalla cultural. La confrontación ya no se limita al plano institucional o electoral: se desplaza hacia el campo de las ideas, de las representaciones y de las normas culturales.
Es precisamente esta evolución la que algunos observadores contemplan hoy con inquietud. En un reciente artículo, el politólogo francés Thibault Muzergues advierte contra la aparición de lo que denomina un « wokismo de derecha ». Su diagnóstico no se refiere a la existencia del conflicto ideológico entre derecha e izquierda, bien conocido desde hace siglos, sino a un fenómeno más reciente: el hecho de que una parte de la derecha haya decidido combatir la hegemonía cultural progresista utilizando los mismos instrumentos de movilización ideológica que la izquierda ha empleado con ahínco.
Según Muzergues, esta transformación se manifestaría en varios aspectos: la centralidad creciente de las cuestiones identitarias en el discurso político, el uso de una retórica victimista destinada a movilizar a los electores en torno a un sentimiento de desposesión cultural, y una tendencia a deslegitimar opiniones divergentes dentro del propio campo conservador. En otras palabras, la derecha adoptaría gradualmente los métodos de la guerra cultural desarrollados por sus adversarios.
Tal interpretación revela, sin embargo, una incomprensión profunda de la dinámica real de la política contemporánea.
La batalla de las ideas no es una desviación ideológica reciente. Es la condición misma de toda transformación política duradera. Ninguna sociedad cambia su orientación política sin que antes cambien las categorías culturales a través de las cuales interpreta la realidad.
Esta intuición fue comprendida con particular claridad por varios pensadores europeos de la segunda mitad del siglo XX. Alain de Benoist insistía en que el poder político no es más que la traducción institucional de una hegemonía cultural previamente conquistada. Guillaume Faye recordaba que las revoluciones verdaderas comienzan siempre en el terreno de las ideas. Pero esta reflexión tiene también raíces profundas en la tradición intelectual española.
Ya en el siglo XIX, Juan Donoso Cortés comprendió que las revoluciones políticas son siempre la consecuencia de revoluciones teológicas y filosóficas previas. En el siglo XX, José Ortega y Gasset advirtió que la crisis política de Europa era ante todo una crisis de las ideas y de las élites culturales. Más recientemente, el filósofo Gustavo Bueno analizó cómo los sistemas ideológicos dominantes configuran el marco mismo dentro del cual se desarrolla el debate político.
La historia reciente ofrece numerosos ejemplos de esta verdad estratégica.
Uno de los más instructivos es el caso de España. Tras la muerte de Franco, la derecha española optó por una estrategia de apaciguamiento y de modernización económica. Aquella transición permitió estabilizar la sociedad e importar un modelo político liberal. Pero tuvo también una consecuencia profunda: el abandono casi completo del combate cultural.
Durante décadas, la derecha aceptó implícitamente que los espacios intelectuales, universitarios y culturales quedaran bajo la influencia de la izquierda. Mientras los gobiernos conservadores administraban la economía y las instituciones, el progresismo ocupaba las escuelas, las universidades, el mundo editorial y la producción audiovisual.
Las consecuencias de esta división tácita no tardaron en manifestarse. Con el paso del tiempo, la izquierda logró redefinir el relato histórico nacional y reconfigurar los símbolos mismos de la memoria colectiva. El caso del Valle de los Caídos constituye un ejemplo particularmente revelador. Concebido originalmente como un monumento destinado a honrar a los muertos de la guerra civil y a simbolizar una forma de reconciliación nacional, el lugar terminó siendo progresivamente reinterpretado como emblema de una memoria histórica reescrita según las categorías ideológicas del progresismo. Lo que había sido pensado como un símbolo de cierre de la guerra civil fue transformado en prueba permanente de culpabilidad histórica.
Este proceso se aceleró con la aprobación de la llamada ley de memoria histórica, que abrió la puerta a una reinterpretación oficial del pasado español conforme a los criterios morales del presente. Bajo el pretexto de reparar injusticias históricas, el Estado se arrogó el derecho de redefinir la memoria colectiva, seleccionando qué episodios debían ser recordados y cuáles debían ser condenados o borrados del imaginario nacional. El Valle de los Caídos se convirtió así en uno de los principales escenarios de esta reingeniería simbólica.
Sin embargo, la transformación del significado de aquel lugar no fue únicamente el resultado de la ofensiva cultural de la izquierda. Fue también consecuencia de la renuncia de otros actores a defender el sentido histórico y espiritual de sus propios símbolos. Entre ellos, uno de los ejemplos más llamativos es el del episcopado español.
Durante siglos, la Iglesia católica fue una de las principales columnas culturales de España. Su influencia no se limitaba al ámbito religioso: formaba parte del tejido intelectual, moral y simbólico que estructuraba la vida nacional. Sin embargo, frente a la ofensiva ideológica de los últimos decenios, una parte significativa de la jerarquía eclesiástica adoptó una actitud de prudente repliegue. En lugar de afrontar la confrontación cultural con claridad doctrinal y firmeza intelectual, se optó con frecuencia por una estrategia de acomodación frente al poder político.
El caso del Valle de los Caídos resulta particularmente ilustrativo. A pesar de tratarse también de una basílica consagrada y de un lugar de culto, la jerarquía eclesiástica evitó enfrentarse abiertamente al proceso de resignificación impulsado por el gobierno. Se prefirió el silencio prudente a la defensa argumentada del significado histórico y espiritual del monumento. Con ello, la Iglesia contribuyó por cobardía a facilitar la operación cultural promovida por el poder político.
Este comportamiento no es un fenómeno exclusivamente español. En distintos países de Europa occidental se observa una tendencia similar: instituciones históricas que durante siglos estructuraron la vida cultural de las naciones parecen hoy vacilar a la hora de defender los fundamentos intelectuales de su propia tradición. Allí donde en otras épocas habría habido confrontación doctrinal, hoy predomina con frecuencia la voluntad de evitar el conflicto mediático o político.
Cuando una institución pierde la confianza en la legitimidad cultural de su propia herencia, su capacidad de resistencia se debilita inevitablemente. En ausencia de una columna vertebral ideológica clara y de verdadero coraje intelectual, la estrategia dominante se convierte en la adaptación permanente a las exigencias del adversario.
El resultado es siempre el mismo. Cada concesión realizada para evitar el conflicto prepara la concesión siguiente. Y en la guerra cultural, las concesiones acumuladas terminan por convertirse en derrotas históricas.
Porque la historia demuestra una y otra vez que los pueblos pueden perder el poder político durante un tiempo, pero cuando pierden también la capacidad de defender el sentido de su propia civilización, la derrota deja de ser política para convertirse en cultural y, finalmente, en civilizatoria.
La experiencia argentina ofrece un ejemplo inverso.
El ascenso político de Javier Milei no puede comprenderse únicamente en términos económicos o electorales. Antes de convertirse en presidente, Milei libró durante años una batalla intelectual frontal contra las categorías dominantes del discurso político argentino. En sus conferencias, en sus libros y en sus intervenciones mediáticas cuestionó de manera sistemática los fundamentos ideológicos del estatismo, del populismo y del igualitarismo que habían estructurado la vida política del país durante décadas.
Su estrategia consistió precisamente en disputar el terreno de las ideas antes de aspirar a la conquista del poder político. En lugar de limitarse a criticar las políticas concretas de sus adversarios, atacó las premisas intelectuales que las hacían posibles.
Cuando finalmente llegó el momento electoral, una parte del terreno ya estaba preparado.
Esta experiencia confirma una verdad elemental de la política: las elecciones no se ganan únicamente en las urnas. Se ganan mucho antes, en el campo de las ideas.
Por esta razón, la crítica del supuesto «wokismo de derech » aparece en gran medida fuera de lugar. Lo que algunos interpretan como una radicalización ideológica no es otra cosa que el redescubrimiento de una regla estratégica fundamental: la política comienza siempre por la batalla de las ideas como lo hace El Manifiesto.
Las sociedades no cambian únicamente por leyes o decretos. Cambian primero por las representaciones que se hacen de sí mismas.
