Además, no hay solución. El problema de los llamados países desarrollados es que no hay dónde colocar a tantas personas, en primer lugar porque las máquinas llevan más de dos siglos eliminando puestos de trabajo. No por casualidad los sindicatos nacieron en buena medida para canalizar las protestas de los obreros contra unas máquinas que les condenaban al hambre: el movimiento ludita pretendió destruir las máquinas en la Inglaterra de principios del siglo XIX y la primera huelga general en España estalló entre un proletariado catalán deseoso de hacer lo propio con las que por entonces se llamaban selfactinas (de self act), abuelas de las que hoy llamamos máquinas automáticas.

La tecnología es imparable y va a seguir sustituyendo cada día a más trabajadores. Comparemos simplemente la red de oficinas bancarias que había hace no muchos años con la que hay ahora. Hace sólo un par de décadas las sucursales se multiplicaban por las calles como setas en octubre, y en ellas trabajaban muchas personas. Hoy es difícil encontrar una, y más difícil todavía es dar con un empleado que no le envíe a uno inmediatamente a entendérselas con una máquina. Y eso para las pocas operaciones que no hacemos directamente desde el ordenador o el todopoderoso teléfono. Pero lo mejor de todo acaba de empezar: la inteligencia artificial, cuyas consecuencias laborales van a ser devastadoras.

Para redondear el cataclismo laboral que espera a los trabajadores europeos, tanto la UE como los gobiernos nacionales llevan más de medio siglo promoviendo no tener hijos o eliminarlos antes de que nazcan al mismo tiempo que importan mano de obra barata desde los países subdesarrollados. La lógica del capitalismo es implacable: lo que cuenta es el beneficio, sin atender a lo que haya que triturar por el camino. Tan implacable como la inestimable ayuda recibida de eso que sigue llamándose izquierda, odiadora de la civilización ocidental, oportunamente convertida en defensora de los inmigrantes ante la insignificancia numérica de la «famélica legión» y encantada de que la mayoría de esos recién llegados no trabajen y vivan de las subvenciones. Subvenciones que, naturalmente, pagan con sus impuestos esos cándidos europeos, ancianos en sus mentes años antes que en sus cuerpos, a los que les convencieron de que la imigración era una bendición del cielo llegada para pagarles sus pensiones.

Por otro lado, hay que tener presente un detalle de mera contabilidad: miles de jóvenes españoles, muchos de ellos con formación universitaria, abandonan España cada año en busca de mejores sueldos en países con economías más robustas. Éste es el caso de miles de médicos, economistas, ingenieros, etc. Compárense la generación babyboomer con la actual: mientras que la mayoría de los boomers encontraron trabajo y, por consiguiente, pudieron vivir en España a pesar de la competencia causada precisamente por su elevado número, muchos universitarios de hoy se han visto obligados a irse al extranjero para ganarse la vida. Precisamente a propósito del caso de los médicos merece la pena señalar el secreto a voces de que el vacío dejado por ellos suele ser ocupado por licenciados llegados de otros países, generalmente de Suramérica, con una formación muy inferior a la de los profesionales españoles, lo que provoca las quejas sotto voce de éstos y la mala atención a los enfermos.

Para compensar esta fuga de inteligencia, entran miles de inmigrantes de escasa o nula formación y, por lo tanto, condenados a sueldos más bajos que los de los salientes y en muchos casos a vivir de la subvención. El lógico resultado es que con cada uno de estos nuevos llegados, España se hace un poco más pobre y endeudada. 

No hay que olvidar, además, que hay que añadir a la suma las familias que se traen con ellos, no compuestas precisamente de personas productivas. Como advirtió ya en 2002 el presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, Mikel Azurmendi: «Los menores marroquíes se están aprovechando del sistema de protección español. He visto cómo los chicos que llegan a España con dieciséis años alegando que no tienen familia, son visitados por sus padres los fines de semana. Lo único que persiguen es cumplir los dieciocho para que les den los papeles y así poder traer a sus familiares alegando el derecho de agrupamiento familiar». Ha pasado un cuarto de siglo desde entonces y, por supuesto, ningún gobernante, ni de izquierdas ni de derechas, ha movido un dedo para acabar con este fraude. Es más, lo promueven. Pedro Sánchez es el más reciente y destacado ejemplo: en España hay dos millones y medio de parados, uno de los mayores niveles de desempleo del mundo: el 10,4%, sólo superado en Europa por Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Macedonia. La media de la UE es 5,9%. Y también encabeza las cifras de paro juvenil: 26,6% frente a 15% en la UE. Pero el gobierno socialista dice que los cientos de miles a los que acaba de abrir las puertas vienen a llenar espacios laborales libres.

La maniobra es perfecta y no puede producir otros resultados que los que está produciendo a pesar de que la mayoría de los españoles sigan sin darse cuenta. Disfrutemos mientras podamos, que va a ser poco tiempo.