Para los que son ajenos al mundo del cine, hay que mencionar que la cuota de pantalla es la medida por la que el Estado obliga a las salas de cine a reservar al menos el 25% del total de las sesiones programadas de un año para exhibir películas españolas o comunitarias. La motivación de esta obligación consiste en fomentar el cine español principalmente, y de refilón, por un afán de solidaridad con bien ajeno, el cine europeo. Se trata de una imposición que las salas de cine cargan a sus espaldas desde hace 65 años. El gobierno actual, como los anteriores, parece que han decidido taparse los ojos y emprender una huida hacia adelante ante una fórmula que se ha demostrado estéril.
Por una parte, los productores tienen derecho a suculentas ayudas, distribuidas en subvenciones a largometrajes, cortometrajes y promoción; así, desde 1995 hasta la fecha se han destinado a la producción y difusión de cine español 400 millones de euros, sin contar todas las ayudas de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, y se pretende destinar más de 550 millones en los próximos seis años en estos conceptos. Pero por si no fueran suficientes las subvenciones para fomentar el cine español, el Estado obliga a las salas a que el 25% de las sesiones se reserven al cine español, en su mayoría subvencionado.
¿Cuál ha sido el resultado de esta intervención del Estado? Que los datos hablen por sí mismos. Por una parte nos encontramos con un cine español que no gusta a los españoles. La recaudación por taquilla es un índice que muestra lo que quieren los consumidores. Una película protegida bajo cuota de pantalla recauda la mitad de dinero que una película americana.
En el año 2006, los filmes norteamericanos alcanzaron la cuota de mercado más alta, con un 71,2 %, mientras que el cine europeo en su conjunto experimentó un descenso, con una cuota del 27,1 %.
El listado de las diez películas más vistas en 2006 la encabezó la segunda entrega de “Piratas del Caribe”´, y otros siete títulos norteamericanos se situaron dentro del ránking de las diez primeras. Sólo dos películas españolas: “Alatriste”, en el cuarto puesto, y “Volver”, en séptimo lugar.
Siguiendo con los datos, la cuota de pantalla ha supuesto una minoración de ingresos a las empresas de exhibición que alcanza casi los mil millones de euros en los últimos seis años, convirtiéndose en una especie de inversión impuesta a favor de los productores, que se añade, además, a las subvenciones que reciben directamente.
Algunos consideran que el cine español triunfa sólo porque una película sea premiada en la entrega de los Oscars. Por favor, seamos serios y eficientes con el dinero público. No podemos permitir que el resultado de los 85 millones de euros que se pretende destinar a subvencionar el cine español el próximo año consista en que una película española triunfe en Hollywood. Si lo que se pretende es eso, será mucho más eficaz y económico pagar a un buen lobby norteamericano.
Conviene además recordar que no existe otro estado de la Unión Europea que tenga cuota de pantalla. Esto significa que no hay reciprocidad. O sea, que se proclama que esta cuota es para fomentar el cine español y europeo, pero ningún otro país comunitario tiene la obligación de exhibir cine español, ¿no es contradictorio?
En definitiva, ¿no son suficientes estos datos para demostrar que la intervención estatal no ha producido un cine competitivo? La ministra de Cultura, Carmen Calvo, se enorgullece de que aumenta la producción de cine español, pero la competitividad en la industria del cine no se mide por la cantidad, sino por la calidad.
Tampoco puedo entender que el argumento fuerte de la ministra de Cultura para que permanezca la cuota de pantalla sea que “se trata de una medida que desde los años cuarenta está en este país”, tal como afirmó hace unos días; como si ahora el gobierno socialista apelara a las medidas tomadas por Franco para defender sus posiciones.
Será positivo dar pasos hacia una industria del cine española competitiva, pero la cuota de pantalla ha resultado una intervención estatal estéril, que afecta gravemente a los cines españoles. A estas alturas de la película, no podemos hacer una ley que induzca a los ciudadanos a consumir un producto que no les gusta, que haga perder dinero a un sector empresarial y que empuje a otro sector a base de subvenciones y privilegios en los que se prima la cantidad y no la calidad.
Con las vacaciones de por medio, tal vez sea oportuno que con los ánimos más serenos, los legisladores busquen fórmulas para promover y primar la calidad sobre la cantidad de la producción del cine español, y por otra parte se promuevan medidas que respeten la libre competencia y sean más eficientes, como los incentivos fiscales, para que los exhibidores fomenten el cine español en un espacio de plena libertad.
