Mario MENEGHINI
Moore recordó en una entrevista el miedo que sintió el 14 de junio de 1982, de que la Argentina no firmara la rendición, y que, por eso, le permitió al Gobernador argentino, General Menéndez, tachar la palabra incondicional, antes de firmar. Manifestó que: "Era muy consciente de que los argentinos son un pueblo orgulloso y que el honor militar tiene mucha importancia para ellos, por lo que temía que ese término hiciera que se rehusaran a firmar el documento".
La preocupación de Moore se fundaba en que el Almirante Woodward, jefe de la flota, le había dicho que si no llegaba a Puerto Argentino para el día 14, lo iban a sacar de la isla; por eso, fue a conversar con Menéndez "como quien va a jugar al póker con una mano pobre de naipes" (La Prensa, 1-4-86).
Conociendo estos detalles, resulta difícil aceptar que algunos argentinos descalifiquen tajantemente el hecho en sí de haber aceptado la guerra. El ex presidente Alfonsín, sostiene que fue "una aventura incalificable"; mientras el también ex presidente Menem alude a "un conflicto que nunca debió haber ocurrido y que lamentamos profundamente". Por su parte, el ex diputado Mario Cafiero alega que hubo una emboscada perpetrada por las dos potencias de la OTAN, con el objetivo de legalizar la entrega del patrimonio y la extranjerización de la economía argentina.
Militares patriotas comparten la idea de que Argentina fue inducida a entrar en la guerra, aunque se reconoce que esta tesis se deduce únicamente por análisis lógico, y no se puede demostrar porque "no existen documentos y mucho menos testigos de los hechos". En realidad, la documentación es abundante, comenzando con el Informe Franks, elaborado por disposición del Parlamento británico, al finalizar la guerra. Esa documentación permite reconstruir lo sucedido, y es una obligación moral hacerlo, con la mayor objetividad posible. Si así se lo hace, podemos verificar que, como en toda acción humana, hubo errores, pero no una incompetencia generalizada, y "también nos deja la certidumbre de que la guerra no fue buscada, de que la incomprensión, la soberbia, la tozudez del enemigo nos arrastraron a ella; de que la Argentina la necesitaba para redescubrirse en esta heroica gesta, continuación de la hazaña sanmartiniana...".
La decisión
La decisión de combatir no fue irracional, se adoptó pues la Argentina fue agredida, como lo reconoció la Cámara Federal que juzgó a los jefes militares. La Argentina negoció de buena fe, con paciencia, durante muchos años en el marco de las Naciones Unidas, y la única ocasión de solucionar el conflicto se dio en junio de 1974, cuando el gobierno laborista inglés efectuó una propuesta de condominio, que había sido aceptada por el presidente Perón; al fallecer éste quedó trunca esa opción, y todos los esfuerzos posteriores se estrellaron con la intransigencia británica. Por eso, cuando se produjo el incidente de las Georgias, la Argentina se vio obligada a ejercer el derecho a la legítima defensa, previsto en la Carta de las Naciones Unidas (Art. 51) en caso de ataque armado.
En el fallo de la Cámara Federal, en noviembre de 1988, se afirma: "La necesidad política de responder a las agresiones que afectan la subsistencia del Estado, pasa por el imperioso deber de asegurar la respuesta al avance del enemigo". La misma representante permanente de EEUU en las Naciones Unidas, Jane Kirkpatrick declaró ante la televisión: "Yo no creo que a la Argentina, dado el hecho de su permanente reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, se le pueda decir que por ocuparlas estaba cometiendo agresión".
Tengamos en cuenta que recién el 30-3-82, ante el ataque inminente, el gobierno argentino fijó el 2 de abril como Día D; mientras que para los ingleses la guerra comenzó antes. En efecto, el Alte. Woodward, cuenta en sus Memorias: "Mi guerra había durado exactamente cien días ... desde que dije adiós ... en el puerto de Gibraltar la noche del 26 de marzo". Dada la situación planteada, la única forma de evitar la guerra hubiera sido el sometimiento completo ante Inglaterra. Por eso, el Dr. Alberto Caturelli, demuestra que en Malvinas "la Argentina ha reunido y puede invocar todos los títulos legítimos de una guerra justa".
Consecuencias
No es exacto que la guerra haya perjudicado los derechos argentinos a reclamar la soberanía sobre Malvinas. La mejor evidencia es que la Asamblea General de las Naciones Unidas, sancionó, desde el fin de la guerra, siete resoluciones favorables a la Argentina, siendo la primera de ellas, la Nº 37/9 de noviembre de 1982, aprobada con el voto de Estados Unidos, inclusive. En la misma se reitera que la situación colonial en las Malvinas es incompatible con los ideales de las NU. También el informe Kershaw, elaborado por iniciativa del Parlamento británico reconoce que "el peso de la evidencia es más favorable al título argentino". Asimismo, el informe advierte que el conflicto continuará "hasta que se logre un acuerdo negociado de la disputa con la República Argentina".
De manera que el debilitamiento de la posición argentina no es consecuencia de la guerra, sino de una actitud política y cultural de una parte considerable de la dirigencia argentina, que no ha vacilado, incluso, en efectuar propuestas de solución incompatibles con la Constitución Nacional. Recordemos que en la reforma de 1994, la ley fundamental, en su Primera Disposición Transitoria, ratifica para la Argentina su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas, y que la recuperación de las mismas es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
La verdadera rendición incondicional, como la calificó el profesor Baquero Lazcano, se concretó en dos tratados celebrados con Gran Bretaña: el de Madrid (febrero de 1990) y el de Nueva York (septiembre de 1995). Ninguno de ellos fue aprobado por el Congreso, mediante el ardid de denominarlos Declaraciones, pese a que contienen todos los elementos de un tratado, y en ellos se efectuaron concesiones inconcebibles. En el tratado de Madrid, se incluyó un mapa de la Zona de Conservación Pesquera, de 150 millas en torno de las islas, fijada unilateralmente por Gran Bretaña, donde aparece un segmento recortado que fija de hecho una delimitación marítima entre Estados colindantes. Esta línea media fue utilizada en el tratado de Nueva York para indicar las dos áreas especiales creadas para la explotación de hidrocarburos, mereciendo entonces la crítica de los especialistas pues configura un stopell -reconocimiento indirecto de derechos.
Considerando que la menor distancia entre el continente y las islas, se mide por la línea imaginaria que une la isla Bird (Gran Malvina) y la isla de los Estados, con una longitud de 186 millas, la línea media equidistante tiene las coordenadas: 52º 30´ S y 63º 19´ 25" O hasta 53º 68´ S y 60 º O, que son las que figuran en el tratado. Gran Bretaña acaba de iniciar otra maniobra al anunciar que se apresta a registrar un reclamo ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas, para extender su plataforma continental alrededor de las Malvinas y las Georgias, de 200 millas a 350 millas (Clarín, 23-9-07). Por cierto que la Argentina también prepara su reclamo sobre el límite exterior de nuestra plataforma continental, que incluye a las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, presentación que deberá realizar antes de mayo del 2009.
Mientras se mantiene congelado el reclamo argentino por la soberanía de las islas, el gobierno de Malvinas alienta las perforaciones para estudios sísmicos y electromagnéticos en busca del petróleo que hoy resulta rentable extraer pues se cotiza a 80 dólares el barril. Cuatro empresas radicadas en Londres, con accionistas isleños, trabajan en la zona: Rockhopper LTD, Argos, Desire Petroleum y Flakland Oil and Gas. De modo que, el error diplomático de haber incurrido en un stopell, al suscribir los tratados mencionados, puede ser utilizado por Gran Bretaña en su pretensión de mantener a Malvinas bajo su dominio, directo o indirecto, como ocurriría si se constituyera un nuevo Estado asociado a la actual metrópoli.
Actitudes concesivas
Un diplomático, Ortiz de Rozas, que fue embajador en Londres antes de la guerra, sostiene que ella se podría haber evitado, pues el gobierno británico estaba dispuesto a proponer un acuerdo de retroarriendo (leasback) consistente en transferir la soberanía, sujeta a una condición suspensiva por un período de tiempo de administración inglesa, que él estima en "40 o 50 años a lo sumo" (La Nación, 1-4-06). Es claro que en ese período, se agotarían los recursos naturales -petróleo, gas, algas, pesca y diamantes- que se sabe que existen en la zona en disputa.
La mentalidad concesiva de diplomáticos que actúan sin referencia a una política exterior destinada a defender el interés nacional, es la tónica general que caracteriza a nuestra Cancillería, desde hace muchos años. De allí surge también el convencimiento de que se debió aceptar alguna de las propuestas de solución para evitar la guerra, como la del Gral. Haig, Secretario de Estado norteamericano. La propuesta era inaceptable pues significaba para la Argentina dejar de lado todo lo resuelto en Naciones Unidas, que encuadró al caso Malvinas en el Cap. XI de la Carta de ese organismo, relativo a la descolonización. Se pretendía que nuestro país aceptara voluntariamente ser incluido en el sistema de fideicomiso, contemplado en el Cap. XII de la Carta.
Situación actual
El mayor riesgo es que Gran Bretaña convierta a las Malvinas en un Estado independiente incorporado al Commonwealth, puesto que es una tendencia muy marcada. Advierte el senador Terragno que los pocos casos que están sometidos al Comité de Descolonización de la NU, no van a terminar ni en el mantenimiento de las colonias ni en independencias verdaderas. "Van a terminar en mini Estados que le confían la defensa a la antigua metrópoli o a una potencia regional. Son países con sponsors" (Clarín, Zona, 1-4-07). La posiblidad mencionada ya fue expuesta por Richard Davies, miembro del Consejo Legislativo de las islas, en el seno del Comité de Descolonización, en la reunión de 2006. Andrés Cisneros, ex vicecanciller, estima que "los malvinenses empujan la idea de la independencia con el aval del Foreign Office porque saben que en la ONU hay un clima a favor de llegar a algún tipo de arreglo" (La Nación, 22-10-06).
Un procedimiento que recomiendan los expertos es solicitar a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre la obligación del Reino Unido de negociar la controversia por la soberanía, cumpliendo la reiterada exhortación efectuada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta los errores cometidos y la tradicional habilidad diplomática inglesa, que acaba de dar un nuevo paso, al anunciar la extensión de la superficie marítima pretendida, sería insensato permanecer inactivos en este tema fundamental para la recuperación de nuestra soberanía plena.
Para concluir, recordamos una reflexión poética de la Sra. de Giachino, madre del primer caído en la recuperación de las islas: "La Guerra de las Malvinas, tan discutida, tan amada, tan vapuleada, tan elevada, tan cruel, tan santa, tan triste, tan dulce, es el exponente histórico más acabado de cómo la justicia de la causa puede transformar a los hombres. Hacer de casi niños, verdaderos varones. De cobardes, valientes, y de valientes, héroes y de héroes, mártires. Cómo la justicia de la causa basta para asombrar al mundo, para mover flotas invencibles, para suscitar odios y venganzas, para descubrir traidores".
